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El catastro revisa 400.000 bienes urbanos y rústicos en Murcia


Redacción / Agencias • redaccion@diariosi.com » twitter: @diariosi » facebook.com/diariosi 05/07/2018 ( 08:29 )

La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de terminar la revisión de los valores catastrales de los cerca de 400.000 bienes inmuebles existentes en el municipio. El procedimiento, que se efectúa en Murcia después de 16 años –la ponencia anterior data de 2001, entrando en vigor en el ejercicio siguiente- obliga al Ayuntamiento a tomar dos decisiones: por un lado, decidir el coeficiente de aplicación para los bienes de naturaleza rústica (hasta ahora sólo existía para los de urbana) y el tipo impositivo del IBI.

 

Para abordar estos asuntos y explicar los pormenores, este miércoles se ha celebrado una reunión a instancias del concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, a la que ha asistido Justo Parejo, Gerente Regional del Catastro, representantes de los grupos municipales y técnicos de ambas administraciones.

 

El Ministerio de Hacienda es el competente para aprobar la ponencia, que sitúa los valores en torno al 50% del precio de mercado. Antes de diciembre, todos los titulares de bienes inmuebles recibirán una notificación del nuevo valor otorgado a su propiedad, así como del tipo impositivo que el Ayuntamiento establece para el IBI.

 

Martínez-Oliva ha adelantado su intención de proponer las medidas necesarias para que la incidencia de los nuevos valores catastrales tenga la menor incidencia posible sobre los contribuyentes.

 

Los valores catastrales revisados del municipio ascienden en su conjunto a 21.400 millones de euros, frente a los 19.400 anteriores. Con la ponencia realizada ahora, la base liquidable de los bienes urbanos se reduce en unos 1.600 millones, hasta situarse en 17.900 millones, mientras que la de los rústicos, hasta ahora de 182 millones, se incrementaría hasta alcanzar 1.221 millones, mil millones o 740 millones, en función del índice que el Ayuntamiento aplique.

 

Esta es una de las decisiones que deberá aprobar el Pleno, que legalmente se tiene que situar entre 0.5 y 1. Martínez-Oliva ha asegurado que su propuesta será optar por el 0.8, conteniendo así las consecuencias sobre las cuotas a pagar por parte de los titulares. Esta modificación afecta mayoritariamente a construcciones fuera de ordenación.



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